Santiago.-En un ambiente cargado de dolor, indignación, vigilancia policial y consumo de bebidas alcohólicas, familiares y amigos sepultaron la mañana de este lunes a Luis David Camacho, de 29 años, quien murió tras recibir múltiples disparos durante un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
El hecho ocurrió la noche del sábado en el sector Ensanche Emmanuel, en Santiago Oeste, cuando agentes irrumpieron en una fiesta de cumpleaños donde, según denunciaron los presentes, había varios niños.
La víctima, residente en el sector La Piña, habría recibido al menos seis impactos de bala, de acuerdo con versiones de sus familiares, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes actuantes.
El sepelio, realizado en el cementerio municipal de El Ingenio, estuvo marcado por escenas de llanto, tensión y reiterados reclamos de justicia, en medio de un contingente policial, mientras los presentes señalaron como responsable a un agente del Dicrim identificado como Uriel Aquino.
Joary Hernández, tía del fallecido, aseguró que el agente habría amenazado previamente a su sobrino. “Nos dijo que compráramos la caja para cuando lo matara. Estábamos compartiendo tranquilamente, había niños, esto fue una locura”, denunció.
En tanto, Kilvio Antonio Camacho, tío del joven, calificó el hecho como una “muerte traicionada” y advirtió que la familia no descansará hasta que el caso sea esclarecido. “Esto no se va a quedar así. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
De su lado, Angelina Pérez reiteró que el único interés de la familia es que se investigue el caso y se sancione al responsable.
Visiblemente afectado, José Ramón Camacho, hermano de la víctima, lamentó la tragedia y señaló que Luis David dejó una mujer embarazada. Además, insistió en que el hecho ocurrió ante decenas de testigos, lo que según dijo refuerza la necesidad de una investigación transparente.
El caso ha reavivado el debate sobre la actuación de los cuerpos policiales en operativos en zonas residenciales, mientras crecen las exigencias de justicia por parte de la comunidad.