La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024.
HEn ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.
El acuerdo, suscrito por la Procuradora Miriam Germán Brito y el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, está basado en disposiciones constitucionales y legales.
Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.