Las autoridades aplazaron el conocimiento de medida de coerción en contra de Sarah Rodríguez, acusada de ser la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
Rodríguez, de 31 años, fue arrestada el pasado viernes en Santiago de los Caballeros, y los fiscales la señalan de haber utilizado estrategias engañosas para captar clientes, que posteriormente convencía para realizar depósitos bancarios, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó el conocimiento de medida de coerción para el miércoles 17, a las 9:30 de la mañana, con la finalidad de que los abogados de la acusada, puedan preparar los presupuestos que serán presentados en la audiencia.
Mito Núñez, representante legal de Sarah Rodríguez, dijo que otro motivo del aplazamiento fue para que las partes tengan conocimiento pleno de la acusación planteada por las víctimas, así la defensa técnica pueda hacer un correcto ejercicio de la acusación
En tanto que Johan Newton López, quien representa a los más 50 querellantes de estafa, dijo que por la gran cantidad de personas afectadas, será habilitada una sala especial para conocer la medida de coerción.
Miguel Díaz, otro abogado de los supuestos estafados en el caso de Sarah Rodríguez, dijo tener muchas pruebas contra la acusada.
«Tenemos pruebas digitales, documentales, y por la lámina del caso ellos procedieron al aplazamiento», sostuvo el abogado
La imputada, dijo el abogado, utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
Asimismo, la imputada usaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones, de acuerdo con el órgano persecutor.
En concreto, la mujer enfrenta cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
Fuente: Listin Diario