Santiago.- La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, aplazó para el próximo miércoles 10 de junio el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación XL526, una presunta red criminal acusada de estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos.
La audiencia fue reprogramada para las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia Federico Álvarez, luego de que abogados de varios de los encartados alegaran que no han recibido los elementos probatorios necesarios para preparar su defensa.
El abogado José Reynoso García, representante legal de uno de los imputados, aseguró que el Ministerio Público aún no ha depositado ni entregado las pruebas que sustentan la acusación.
“Seguimos en el mismo estado de indefensión. No tenemos expediente ni medios para defender a nuestros representados. El Ministerio Público se niega a entregar los elementos de prueba necesarios para ejercer una defensa adecuada”, afirmó.
En tanto el abogado Miguel Valdemar informó que notificó al tribunal la necesidad de acceder a las evidencias para demostrar la situación particular de su defendido, indicando que las autoridades se comprometieron a entregar parte de la documentación a partir del próximo lunes.
Mientras, el jurista Elvin Domínguez explicó que el aplazamiento también permitirá que el Ministerio Público notifique formalmente la solicitud de imposición de medidas de coerción y las pruebas digitales a varios de los imputados involucrados en el proceso.
Por su parte, el abogado Kilvio González confirmó que la audiencia fue fijada para el primer turno del próximo miércoles 10 de junio, fecha en la que se espera que el tribunal conozca finalmente la solicitud de coerción.
La Operación XL526 fue desarrollada por las autoridades mediante allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal transnacional.
De acuerdo con la acusación preliminar, la red operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua y presuntamente utilizaba herramientas tecnológicas, amenazas y la simulación de vínculos con carteles de drogas para intimidar y extorsionar a ciudadanos estadounidenses. Los fondos obtenidos ilícitamente habrían sido posteriormente introducidos al sistema financiero mediante maniobras de lavado de activos.
El expediente identifica como presuntos cabecillas de la organización a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros imputados que habrían desempeñado funciones operativas dentro de la estructura.
La decisión sobre las medidas cautelares quedó ahora supeditada a que el Ministerio Público complete la entrega de la documentación y pruebas requeridas por la defensa, un aspecto que ha generado cuestionamientos sobre las garantías procesales en esta fase inicial del caso.