Santiago de los Caballeros.– El Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines aseguró que operaba bajo habilitación vigente del Ministerio de Salud Pública al momento del fallecimiento de una paciente durante un procedimiento quirúrgico, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación.
A través de un comunicado oficial, la clínica afirmó que obtuvo su licencia de funcionamiento tras cumplir con todos los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias, incluyendo la no objeción de planos, cartera de servicios y la acreditación de su personal médico.
Según detalla el documento, el centro fue habilitado el 21 de septiembre de 2023 para ofrecer servicios de cirugía plástica y estética, con vigencia hasta septiembre de 2025.
En relación con su estatus operativo, la clínica explicó que, pese a un cierre temporal en marzo de 2025 tras inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, posteriormente logró reabrir sus operaciones luego de agotar un proceso administrativo, indicando que la medida fue de carácter provisional.
Asimismo, sostuvo que al momento del nuevo cierre, ocurrido el 27 de marzo de 2026 tras el fallecimiento de la paciente, el centro se encontraba funcionando de manera regular, a la espera de la aprobación de ajustes en sus planos por parte del Departamento de Habilitación.
El centro también defendió la idoneidad de su personal, asegurando que todos los médicos que integran su equipo son especialistas debidamente habilitados para ejercer.
En el comunicado, la clínica lamentó el hecho ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en el proceso de investigación, al tiempo que rechazó lo que calificó como “especulaciones y conjeturas sin pruebas” sobre su funcionamiento.
Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación a manejar la información con responsabilidad, advirtiendo que la difusión de datos falsos o malintencionados podría acarrear consecuencias legales.
El caso ha generado amplio debate en la opinión pública, mientras familiares de la víctima han iniciado acciones legales y las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades.