Hoy, Día Internacional de los Trabajadores, el panorama laboral en la República Dominicana continúa bajo un Código antiguo, que ignora los avances tecnológicos de los últimos años. Empresarios, centrales sindicales y las autoridades gubernamentales iniciaron una mesa de trabajo en el 2022 para adecuar las normas laborales en el país.
De acuerdo al ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, la reforma al Código de Trabajo avanza en un 87 %. Sin embargo, los representantes de los trabajadores, a través de las centrales sindicales, aseguran que el debate está paralizado por el tema cesantía.
“Los diálogos han ido caminando muy bien, cerca del 87 % de los artículos del Código de Trabajo se encuentran actualmente consensuados para una posible modernización”, expresa De Camps.
Agrega en el proceso de modernización se encuentran elementos del teletrabajo, del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio para la supervisión e inspectoría, capacidades del Ministerio en los procesos sancionadores administrativos.
“Mejoras en diferentes ámbitos entre los cuales se encuentran diferentes elementos con el fin de reducir los niveles sobre judicializados que, a veces, se encuentran en las relaciones laborales”, apunta
Recientemente, Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y coordinador general de la convocatoria presidencial del “Diálogo por las Reformas”, dio a conocer los avances producidos en las mesas temáticas y en los tres espacios institucionales, donde tienen lugar las reformas sobre la calidad educativa, el tema eléctrico y el tema laboral.
A través de un documento, Toribio explica que, en febrero de 2023, el actual ministro de Trabajo presentó al Pleno de integrantes del CES los avances producidos en la reforma laboral.
Sobre el tema, la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) dijo que existen otras disposiciones del código que ameritan ser modificadas urgentemente en aras de no seguir afectando con procesos y embargos y en desigualdad a las empresas, sobre todo, a la de mayor afectación como los son las pequeñas.
Amarilys Durán Salas, presidenta de la FEM, dijo a Diario Libre que se debe modificar el artículo 539 del Código de Trabajo, el cual establece un plazo de tres días a partir de la notificación de la sentencia para hacer ejecutoria la misma.
Por la desigualdad que representa, indica la propuesta de la FEM, requiere sea elevado el plazo de este artículo a 30 días, a fin de que las empresas dispongan de un plazo más razonable que permita, en primer lugar, interponer las acciones que la ley permite, como lo es la demanda en suspensión y plazo dentro del cual permitirá a la empresa canalizar un financiamiento si no tuviere los montos a pagar en ocasión de una sentencia laboral.
“Que esta modificación incluya la prohibición de embargos retentivos hasta tanto transcurra ese plazo, ya que, de ampliarse el plazo y dejar abierta la facultad de medidas conservatorias, estaríamos en el mismo escenario de cuentas embargadas y sin posibilidad de operar a consecuencia de oposiciones que se realizan contra las cuentas bancarias de las empresas”, cita la FEM.
Advertencia
Por la desigualdad que representa, indica la propuesta de la FEM, requiere sea elevado el plazo de este artículo a 30 días, a fin de que las empresas dispongan de un plazo más razonable que permita, en primer lugar, interponer las acciones que la ley permite, como lo es la demanda en suspensión y plazo dentro del cual permitirá a la empresa canalizar un financiamiento si no tuviere los montos a pagar en ocasión de una sentencia laboral.
Que esta modificación incluya la prohibición de embargos retentivos hasta tanto transcurra ese plazo, ya que, de ampliarse el plazo y dejar abierta la facultad de medidas conservatorias, estaríamos en el mismo escenario de cuentas embargadas y sin posibilidad de operar a consecuencia de oposiciones que se realizan contra las cuentas bancarias de las empresas”, cita la FEM.
Advertencia
Rafael –Pepe– Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), advierte a los empresarios y autoridades, que no hay formas de que los dirigentes sindicales sean convencidos para que la cesantía sea eliminada.
Además, demandan de un nuevo contrato social, código de trabajo sin retroceso, una nueva ley de seguridad social justa e integral, respeto a la libertad sindical y mayores conquistas sociales y económicas para los trabajadores dominicanos.