A más de dos años de la instalación en el poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, denunciamos la actitud de genuflexión y complicidad de este gobierno ante la embestida del conservadurismo contra los derechos de las mujeres y las niñas, expresado en un patrón de ataques sistemáticos a las conquistas logradas y la obstrucción del camino hacia nuevos logros en cuestiones de derechos fundamentales, como lo son la salud, la educación y la paridad.
Derecho a la participación política.
Denunciamos la componenda de los tres partidos que controlan el Congreso para retroceder en el derecho de la mujer dominicana a la participación política en condiciones de igualdad, imponiendo una Ley Electoral que pretende aplicar el techo de no más de 60% y no menos de 40% de candidaturas de hombres o mujeres a nivel nacional, y no para cada demarcación, tal y como lo estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia 0104/20 del año 2020. Esta maniobra inconstitucional pretende detener los avances de políticas públicas para la igualdad iniciados con la lucha de las mujeres por el derecho al voto, logrado en 1942 por la primera ola del feminismo dominicano.
Derecho a vivir en paz y seguridad.
Seguimos siendo uno de los países de la región con más alta tasa de feminicidios y con un sistema judicial que revictimiza, ignora y abandona a las mujeres que se arriesgan a denunciar. Los partidos que controlan el Congreso (el PRM, el PLD y la FP) cargan con parte de la responsabilidad de estas muertes, por su desinterés y falta de compromiso para aprobar la ley que crea el sistema integral de prevención, persecución, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Derecho a la educación en igualdad para prevenir la violencia.
Otra expresión de la negación de derechos lo constituye la derogación por parte del Ministro de Educación, Ángel Hernández, de la Orden Departamental no. 33-19, que establecía como prioridad la implementación de una política de igualdad de género en el sistema educativo. Dicha política urge, dado el machismo presente en los contenidos y la práctica educativa en nuestro país, que promueve la subordinación de las mujeres y naturaliza la violencia contra niñas y adolescentes.
Asímismo, resulta insuficiente el pronunciamiento del Ministro de Educación ante el asesinato de Esmeralda Richiez Martínez. Este terrible caso, aún no explicado debidamente, ha puesto en evidencia el nivel de normalización de la agresión y violación a adolescentes que existe en nuestra sociedad, así como la necesidad de establecer un severo régimen de consecuencia para los adultos, que haciendo uso del poder de su autoridad y experiencia, acosan, violentan, violan y matan a nuestras niñas y adolescentes.
Frente a esta estremecedora realidad, reiteramos la necesidad de una educación para la igualdad, que contribuya a disminuir la violencia y ofrezca a nuestras niñas y adolescentes herramientas para identificar y denunciar el acoso, y que enseñe modelos de relaciones sanas, armoniosas e igualitarias. Es decir, un sistema educativo que actúe como instrumento de prevención de violencia de género en lugar de fomentarla.
Derecho a la salud y la dignidad.
La aprobación en el Senado de un Código Penal al vapor, que mantiene la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, es una sentencia de muerte para miles de mujeres, jóvenes y niñas en los campos y en los barrios más empobrecidos, que verán negada la posibilidad de atención médica ante un embarazo que pone en riesgo sus vidas, su salud y/o su dignidad y mantiene al país con una normativa que se estableció en 1884 proveniente del Código Napoleónico.
La aprobación de un Código Penal sin las TRES CAUSALES es una traición del PRM y del Presidente Luis Abinader a las dominicanas, pues incumple su programa de gobierno y su promesa y compromiso de campaña. Le reiteramos al Sr. Presidente que las causales salvan vidas, son constitucionales y están acorde con los convenios internacionales de derechos humanos.
Somos el país con la tasa más alta de embarazos adolescentes en toda la región de América Latina y el Caribe. Es por esto que reiteramos nuestra demandad de: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Rechazamos con toda nuestra fuerza la persecución, maltrato y abandono de mujeres migrantes embarazadas en centros de atención médica y su deportación en condiciones deplorables, cuyo único resultado será la marginación y el aumento de la mortalidad materna e infantil entre la población migrante. Exigimos políticas migratorias que respeten la dignidad humana y garanticen los derechos fundamentales de las mujeres migrantes y que el Estado garantice el respeto y protección para las organizaciones y personas que trabajan por los derechos humanos de la población de ascendencia haitiana.
Derechos laborales.
Las mujeres trabajadoras siguen enfrentando una tasa de desempleo que duplica la masculina, y las que participan en la fuerza laboral están en los empleos de menor calidad, especialmente en el sector de los servicios, con salarios inferiores a los hombres. Según el Informe de Desarrollo Humano 2022, el ingreso bruto per cápita de las mujeres en el país ronda los 13,600 dólares anuales, mientras que el de los hombres es de más de 22,000.
Resaltamos la situación particularmente vulnerable de las mujeres que realizan trabajo doméstico y de las mujeres del campo. El trabajo doméstico y de cuidados es una actividad realizada casi exclusivamente por mujeres. A pesar de su vital importancia, es desvalorizado en términos económicos, sociales y jurídicos, y es excluido de la protección estatal en República Dominicana: a penas un 2.3% de quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado están afiliados a un seguro de salud. Se trata de la rama de actividad con menor ingreso por hora y, consecuentemente, con mayor porcentaje de trabajadores en situación de pobreza: un 20.3%, según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo Continua 2021.
Las mujeres del campo, principales guardianas cuidadoras de la madre naturaleza, productoras agrícolas, son las que más sufren por el abandono del Estado y del partido de gobierno, sin tierra para trabajar, sin financiamiento para la producción, sin carreteras y medios de transporte para comercializar sus productos, sin atención médica de calidad, ni un futuro asegurado para ellas y sus hijos e hijas. Son también las que más sufren la depredación y el saqueo de recursos naturales en nuestra media isla, ante falta de acción o la complicidad de las autoridades responsables de su protección y preservación.
Por último, denunciamos también que tanto mujeres como hombres somos víctima de la privatización neoliberal de la salud y las pensiones, con la apropiación de los recursos de trabajadoras y trabajadores para el enriquecimiento de grandes corporaciones, sin que ello se traduzca en servicios de salud de calidad y sin garantía de pensiones para un retiro con dignidad. Es por ello que, junto a todo el pueblo, hoy también gritamos NO MÁS ARS, NO MÁS AFP. Exigimos un sistema de salud y de pensiones justo.
Por todo lo expuesto anteriormente, hoy proclamamos que las feministas dominicanas y el movimiento de mujeres en general nos mantendremos en pie de lucha y resistencia hasta conquistar el pleno ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas. Unidas hoy exigimos:
La despenalización del derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo por las tres causales en el Código Penal y educación en salud sexual y reproductiva para la niñez y la adolescencia, según el momento de su desarrollo como persona.
La protección contra la discriminación por género y orientación sexual.
La aprobación de una Ley Electoral que cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional aplicando el techo de no más de 60%, ni menos de 40% de candidaturas para cualquiera de los géneros por demarcación y avanzando hacia una democracia paritaria.
La implementación de una educación en igualdad con perspectiva de género y preventiva de la violencia en las escuelas dominicanas.
La aprobación de la Ley Integral de prevención, persecución, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
La implementación de una seguridad social digna y de calidad.
La realización de políticas públicas que dignifiquen la vida y aseguren el adelanto económico y social de las mujeres y niñas de las zonas rurales.
La garantía y el respeto de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, incluyendo las trabajadoras domésticas, y la ejecución del Convenio 190 sobre el acoso sexual en el ámbito laboral.