¡El gobierno debe revocar el severo aumento de la tarifa eléctrica,
frenar los planes privatizadores en el sector energético
y completar la discusión del Pacto Eléctrico!
Organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico rechazan el abusivo aumento de la Tarifa Eléctrica a los consumidores mientras se dispone rebajas a favor de los grandes usuarios y compradores de electricidad, castigando brutalmente la economía popular, como han dispuesto las autoridades recientemente la Superintendencia de Electricidad.
Este “Palo acechao” es inaceptable para las familias y el pueblo consumidor. Esta es solo una muestra de las verdaderas intenciones con que se simuló la firma de un documento de Pacto Eléctrico, viciado de ilegalidad y de irregularidades institucionales, que solo pretendían asegurar impunidad a la estafa de Punta Catalina y garantizar el negocio de los grandes generadores y compradores de electricidad.
El verdadero objetivo de simular el Pacto Eléctrico en febrero pasado, ha quedado al desnudo con la decisión de elevar la tarifa al consumidor, asegurar los negocios de los generadores y grandes compradores de energía y facilitar impunidad en la estafa de Punta Catalina. Es claro que no hubo ni hay Pacto Eléctrico.
Este ha sido un proceso sucesivamente abortado. Ahora se vuelve sobre lo mismo, solo cediendo a las presiones de los grupos monopólicos del sector generador y gran comprador de electricidad.
Las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso del Pacto Eléctrico, hemos cuestionado tanto la forma en que fue “firmado” como el contenido incompleto del referido documento de Pacto Eléctrico. Esas situaciones nos llevaron a no firmar el citado pacto. No se ha respetado el debido proceso, violentando nuestro derecho a la participación y, por tanto, irrespetando la constitucionalidad del Pacto.
Y ahora es peor porque se vuelve a violentar la institucionalidad del Consejo Económico y Social, sin este haberlo aprobado formalmente y sin la firma del Sector Social, al anunciar desde un Decreto del Poder Ejecutivo, la supuesta aprobación de un documento como REGLAMENTO DEL PACTO ELÉCTRICO, que no fue refrendado por el Sector Social legítimamente representado en la Comisión de Veeduría del CES.