El presente y el futuro de la República Dominicana están seriamente comprometidos como resultado de las políticas que han impulsado de manera continua y persistente todos y cada uno de los gobiernos que las han aplicado y de la voracidad de los poderes fácticos que se han nutrido y se nutren bajo un modelo que degrada y enajena el patrimonio natural, empobrece a las comunidades y amenaza la supervivencia de la nación dominicana.
Hoy marchamos al Palacio Nacional para exigir y expresar nuestra firme y definitiva oposición a la política minera que ha concesionado la casi totalidad de las cuencas productoras de agua y que ignora nuestra condición de isla, las fragilidades del territorio y, sobre todo, las necesidades e intereses de las comunidades y toda la población.
Marchamos para expresar la negación del permiso social al proyecto de expansión de Barrick Gold y otras mineras hacia la Loma de Los Siete Picos y Loma Novillero, la instalación de una presa de cola en Cuance y las concesiones que abarcan desde la Sierra de Yamasá hasta el pie de monte de Los Haitises y que afectarían, además del río Ozama, todas las aguas superficiales y subterráneas que fluyen hacia la Sabana del Guabatico.
Marchamos para exigir el cese de las explotaciones de Belfond en el Bahoruco Oriental y la inmediata restauración de las áreas que producen el agua necesaria para la vida y el desarrollo del Suroeste, incluyendo el canal Nizaito y los acueductos de 28 comunidades.
Marchamos contra la irracionalidad de concesionar a la minería la zona de producción de las aguas que alimentan las presas de Sabaneta, Sabana Yegua, la presa en construcción de Monte Grande, las que fluyen hacia el río Dajabón o Masacre, las concesiones en el Cerro de Chacuey, las que alimentan la cuenca alta y media del Yaque del Norte, así como las que fluyen desde las serranías de la Cordillera Central hacia la región Norte y Noroeste.
Marchamos para exigir el cumplimiento de los pasivos ambientales y sociales de la Barrick y de Falconbridge, que han desplazado poblaciones, contaminado sus suelos, agua y aire, enfermado comunidades y evadiendo de manera descarada el cumplimiento de sus obligaciones legales y, con complicidad de las autoridades, las sustituyen por campañas mediáticas e irreales de imagen.
Marchamos para exigir una auténtica política de agua, que garantice la permanencia en cantidad y calidad del recurso, que tutele el derecho al agua y promueva su aprovechamiento pertinente para el desarrollo social, las actividades económicas, el disfrute lúdico y, sobre todo, para el cumplimiento de sus funciones ecológicas.
Marchamos para exigir la participación social y comunitaria en la definición de las estrategias para la gestión y gobernanza de las aguas y para advertir las consecuencias nefastas de ceder a grupos poder la definición de las políticas y las prioridades en asuntos hídricos.
Marchamos por la restauración del Parque Manolo Tavárez Justo, por la creación del Parque Nacional Loma Miranda y porque todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas continue generando servicios ambientales para las comunidades y la Nación.
Marchamos para decir al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo que no permitiremos, bajo ninguna forma, la privatización del agua, la enajenación de las cuencas altas y la conversión de los recursos hídricos de la Nación en objeto de la especulación y la voracidad de intereses particulares.
Marchamos para exigir la conversión a gas de la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, la inmediata remoción de las montañas de cenizas depositadas a cielo abierto y con un manejo irresponsable en violación de todas las normas ambientales y los compromisos asumidos frente al país por sus diseñadores.
Marchamos para exigir impunidad cero frente a los delitos ambientales.
Debe terminar para siempre la forma en que la riqueza extrema y los poderes fácticos violentan las leyes, se apropian del patrimonio, degradan recursos naturales sin que sean tocados por los organismos encargados de perseguir el delito. Reclamamos la recuperación del patrimonio natural robado y la restauración de los ambientes culposamente deteriorados.
Marchamos porque necesitamos que el uso del territorio tome en cuenta la condición de isla, con recursos limitados, gran variedad de ambientes y ecosistemas de muy alta fragilidad. Para que en la toma de decisiones se reconozca el deterioro acumulado, las amenazas del cambio climático y la creciente demanda de agua, alimentos y espacio vital por parte de la población.
En resumen, marchamos por el derecho a la felicidad de todos, de todas:
¡Para que siempre haya agua, para que siempre haya pan, para que siempre haya paz, para que siempre haya vida!
Marchemos
¡PARA QUE SIEMPRE HAYA PATRIA!